HABLEMOS DE DERECHOS

miércoles, 27 de mayo de 2009

En los últimos tiempos están corriendo ríos de tinta y de declaraciones sobre la interrupción voluntaria del embarazo

Quiero comenzar este artículo en mi blog dejando claro que soy una firme defensora de la nueva regulación que se plantea.

Señalar, además, que esta iniciativa parte del cumplimiento del programa electoral del PSOE, del compromiso de los socialistas de seguir profundizando en los derechos de las personas, en este caso con las mujeres, que fue nuevamente refrendado en el 37 Congreso del PSOE.

El proceso para convertir esta propuesta en un anteproyecto de ley se ha realizado a partir del informe elaborado por un comité de expertos independientes y de las conclusiones que se elaboraron en la subcomisión parlamentaria creada en el Congreso de los Diputados, así como después de haber escuchado a la sociedad civil. Por lo tanto, búsqueda del consenso, diálogo y participación.

Tanto el informe de expertos como las conclusiones parlamentarias llegan a un mismo planteamiento: la necesidad de una nueva ley porque la actual genera inseguridad jurídica y permite abusos. A esto hay que añadir que la legislación actual no es homologable con la del resto de los países de nuestro entorno.

Todo lo que hasta ahora he expuesto quiere dejar claro que es una propuesta necesaria, que hay demanda social, que se ha realizado todo el procedimiento hasta llegar al anteproyecto con transparencia, a través del diálogo y con rigor y seriedad, que es un planteamiento coherente con la línea vanguardista que los socialistas hemos venido desplegando y que ha permitido avanzar en el reconocimiento de una mayor autonomía de las mujeres, en eliminar bolsas de discriminación y en progresar en la igualdad real entre mujeres y hombres, que nuestro país tiene necesariamente que adaptar la legislación a la del resto de los países avanzados y, por último, que debemos cumplir con las recomendaciones de múltiples organismos internacionales.

Lo que planteamos es que es necesario reconocer y garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, protegiendo los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención, en particular su derecho al libre desarrollo de su personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación.

En definitiva estamos profundizando en derechos. Hablamos de derechos.