miércoles, 17 de junio de 2009
El Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha elevado el denominado “caso Gurtel” al Supremo, al ver indicios de delito contra el Senador y actual tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas.
El juez ha enviado una exposición razonada tras recibir un informe de la Fiscalía Anticorrupción que pedía elevar este caso al Supremo tras detectarse indicios de delitos contra la Hacienda Pública y cohecho.
Ahora, los demócratas esperamos que el Sr. Rajoy y la Sra. Cospedal exijan responsabilidades a su Vicesecretario General de Comunicación y diputado, el Sr. González Pons. Ellos que son tan amigos de pedir dimisiones deberían solicitársela.
Este cargo público popular no dudo en hacer unas declaraciones inadmisibles en las que relacionaba la petición de la Fiscalía con los resultados electorales del PSOE. Se atrevió a decir que su actuación era causada por el mal perder del Gobierno.
Es inexplicable que un representante político pueda poner en cuestión, así a la ligera, la actuación de un poder del Estado con el único fin de ocultar la corrupción que se está investigando dentro de las filas populares.
El Sr. Pons no tuvo pudor en cuestionar al Estado de Derecho para intentar, de este modo, salvaguardar al tesorero del PP.
Me pregunto que como es posible que una persona que forma parte del legislativo del Estado pueda hacer unas afirmaciones tan groseras, fuera de todo lo admisible y que muestra a las claras la catadura democrática de quien las pronuncia.
Jueces y fiscales están obligados a perseguir los delitos y nadie puede quedar inmune de ser investigado si hay indicios e informes que lo avalen.
Todos los ciudadanos estamos obligados a respetar y defender las funciones que tienen atribuidas en la Constitución Española los distintos poderes del Estado, pero sí se es un cargo público, la obligación es mucho mayor.
El Sr. Pons ha traspasado todos los límites y, con la incontinencia verbal que lo caracteriza, deja en muy mal lugar a la derecha política española que muestra síntomas muy preocupantes de no ser demócratas.
El Presidente del PP, el Sr. Rajoy, tiene la obligación inexcusable de cuestionar las palabras de su vicesecretario de comunicación porque atentan gravemente contra la democracia. Si no lo hace será cómplice y, entonces, podremos pensar que no cree en los principios democráticos y que en el PP todo vale si se trata lavar la cara de la corrupción que los asola.
0 comentarios:
Publicar un comentario